Las cifras oficiales del Banco de España señalan una necesidad de 90.000 viviendas en Andalucía. Con el objetivo de abordar esta problemática, el Gobierno andaluz pretende lanzar al mercado 20.000 nuevas VPO en régimen de alquiler a través de un plan de urgencia que se extenderá a lo largo de cinco años. La consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, ha comunicado esta iniciativa tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda en el Consejo de Gobierno, que ahora se someterá a un periodo de exposición pública.
El enfoque principal de esta medida radica en la urgente necesidad de asistir a un problema social cada vez más grave, especialmente para los jóvenes que enfrentan dificultades para independizarse. Ante la formación de aproximadamente 25.000 nuevos hogares al año en Andalucía, el plan de choque busca paliar el déficit habitacional mientras se establece la nueva normativa autonómica.
La ley incluye un Plan de Choque y la intención es implementarlo rápidamente, ya que tiene una vigencia de cinco años y busca contrarrestar la influencia negativa de la ley estatal de vivienda en el mercado de alquiler. Frente a un modelo de gestión considerado "intervencionista", el Gobierno andaluz apuesta por flexibilizar el mercado para fomentar la construcción de viviendas que satisfagan la demanda. Por lo tanto, el plan se enfoca en proporcionar rápidamente terrenos y viviendas nuevas.
La ley contempla la creación de una bolsa de suelo para vivienda asequible que estará disponible a través de un portal en línea. Asimismo, se incluye la conversión inmediata de suelos urbanos destinados a equipamientos en suelos residenciales. La intención es dinamizar el mercado e incrementar la oferta de vivienda accesible, promoviendo la colaboración entre el sector público y privado.
Además, se establecerán áreas prioritarias donde se concentrarán ayudas al alquiler, a la compra, o incentivos para construcción o rehabilitación de viviendas. La futura Ley de Vivienda de Andalucía buscará equilibrar la oferta de viviendas en venta y alquiler, así como regular los distintos usos de la vivienda, priorizando el uso residencial habitual y permanente. Se prevé la creación de un inventario único de viviendas públicas, así como la mejora de la eficiencia energética y la calidad de las viviendas.
Esta iniciativa encaja en un proceso de diálogo y consenso con los agentes del sector, reflejando las contribuciones recibidas durante el periodo de consultas públicas. El documento actual es un borrador que será desarrollado durante el proceso de tramitación.