La Junta de Andalucía ha dado el primer paso hacia la aprobación de su nueva Ley de Vivienda, una medida que promete revolucionar el mercado inmobiliario regional al permitir la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en suelos dotacionales y edificios en desuso. Esta ley, que ha iniciado su tramitación este martes, busca liberar cerca de 20.000 viviendas a precios asequibles durante los primeros cinco años desde su entrada en vigor, prevista para 2026.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que esta iniciativa responde a la necesidad urgente de aumentar la oferta de viviendas, especialmente en alquiler, para frenar la escalada de precios que afecta a las zonas más tensionadas de ciudades como Sevilla y Málaga. "Esta ley es una respuesta directa a la escasez de suelo disponible y a la presión sobre el mercado inmobiliario, ofreciendo soluciones innovadoras y ágiles para aprovechar espacios infrautilizados", afirmó Díaz.
La futura norma permitirá a los ayuntamientos transformar suelos destinados a dotaciones o edificios en desuso, como oficinas o inmuebles de servicios, en viviendas de alquiler social sin necesidad de modificar los planes urbanísticos, un proceso que suele ser largo y complicado. Esta medida pretende agilizar la creación de VPO y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, mayores y familias vulnerables, sectores que actualmente enfrentan grandes dificultades para encontrar una vivienda a precios razonables.
Además, la ley incluirá la creación de Áreas Prioritarias de Vivienda en las zonas más afectadas por la crisis habitacional, donde se concentrarán recursos públicos para fomentar la construcción y rehabilitación de viviendas. Asimismo, la normativa derogará cuatro leyes previas para simplificar la regulación y evitar la dispersión normativa que ha caracterizado al sector.
El anteproyecto, que se someterá a exposición pública en los próximos meses, también contempla la creación de un portal digital para facilitar el acceso a la información sobre suelos disponibles, y un plan de choque para mitigar los efectos de la ley estatal de vivienda, que la Junta considera contraproducente para el mercado inmobiliario.
La Ley de Vivienda de Andalucía se presenta como una de las principales apuestas del gobierno regional para esta legislatura, con el objetivo de equilibrar la oferta y garantizar el acceso a una vivienda digna en un mercado cada vez más tensionado.